En un acto llevado a cabo en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley que busca dar solución a la deuda histórica de las y los docentes de nuestro país, una demanda pendiente desde hace más de cuatro décadas. Esta iniciativa contempla un pago único de $4,5 millones por persona, que será entregado de manera progresiva a lo largo de seis años, beneficiando a más de 57 mil profesores y profesoras de establecimientos públicos.
La presidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, estuvo presente en el acto oficial, subrayando la importancia de este paso para las comunidades educativas de los territorios. La deuda histórica tiene su origen en el traspaso de la administración de las escuelas públicas desde el Estado a las municipalidades durante la dictadura, una medida que perjudicó los derechos laborales de miles de docentes. Desde entonces, autoridades locales han enfrentado los efectos de esta problemática en la gestión de la educación pública.
El Presidente Gabriel Boric destacó que el proyecto fue elaborado en conjunto con el Colegio de Profesoras y Profesores, y llamó al Congreso a tramitarlo con urgencia:
“Esta propuesta no solo es una reparación material, sino un acto de justicia que responde al sacrificio de miles de docentes que formaron generaciones de chilenas y chilenos. Confío en que el Legislativo estará a la altura para aprobar esta iniciativa antes del receso parlamentario”.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, enfatizó la relevancia histórica de este proyecto:
“Es un momento de reconciliación con nuestra historia y un homenaje significativo a quienes han forjado el futuro de nuestro país desde las aulas”.
El compromiso municipalista con la educación pública
La ACHM reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública y con los docentes que son parte esencial de las comunidades educativas en los territorios. Esta reparación histórica permitirá no solo saldar una deuda moral con los profesores, sino también fortalecer el sistema educativo público, que sigue siendo gestionado por municipios a lo largo del país.
Esta iniciativa también abre una nueva etapa de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, en beneficio de las comunidades locales y el desarrollo de una educación más justa e inclusiva para todas y todos.
